El acceso a la energía y a un medio ambiente sano son temas de elemental justicia social.
Al ponerle un freno a la reforma energética y al mismo tiempo a la transición energética de México, el gobierno está aumentando la brecha económica entre los ricos y pobres.
Dejando a los más vulnerables en un estado de marginación al obstaculizar su acceso a la energía. Un recurso fundamental para todas las actividades cotidianas incluyendo la cocción de alimentos, el acceso a información y educación.
Los cambios a la política energética de México hacen más difícil el poder 'decarbonizar' la matriz energética y arriesgan el cumplimiento de las metas medio ambientales. Más importante aún, amenazan la calidad de vida de los mexicanos, especialmente los que viven en condiciones de pobreza. Ya que estos cambios repercuten negativamente sobre su ingreso económico, salud y acceso a energía eléctrica.
La Secretaría de Energía, desde inicios del gobierno de AMLO, ha tomado medidas para obstaculizar la entrada de fuentes de energía renovable como la solar y eólica. El año pasado el gobierno decidió cancelar la cuarta subasta de largo plazo para generación de electricidad, el cual es un mecanismo para incrementar la capacidad de generación a base de energía renovable en el país de manera ordenada, competitiva y eficiente a través de certificados de energía limpia.
El 29 de abril por medio del Cenace, la Secretaría de Energía emitió el 'Acuerdo para garantizar la eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad y seguridad del sistema eléctrico nacional con motivo del reconocimiento de la epidemia de enfermedad por el virus SARS-CoV2 (Cocid-19)', lo cual fue otro golpe a las renovables resultando en la suspensión de las pruebas preoperativas de proyectos de energía solar fotovoltaica y eólica impidiendo su entrada en operación. Mismo que por la vía judicial ha dejado sin efectos para varios participantes del sector.
Al mismo tiempo, la Comisión Reguladora de Energía modificó al alza las tarifas de los generadores legados de autoabasto con la intención de elevar el pago que realizan por la transmisión de electricidad en la red de la CFE. Lo cual de ser definitivo, repercutirá en mayores tarifas eléctricas a los consumidores e incertidumbre por el cambio de reglas afectando el desarrollo económico del país.
El cambio de reglas no sólo afecta a las empresas internacionales y nacionales que tienen millones de dólares comprometidos en inversiones en el sector eléctrico mexicano, sino que también arriesga la posibilidad de que más familias mexicanas se puedan conectar al sistema nacional de electricidad. Aún hay 1.8 millones de personas en el país que carecen de energía eléctrica. Y no sólo eso, a pesar de que 98.5 por ciento de la población sí cuente con ella, la calidad del suministro de energía de la CFE no es confiable, resultando en apagones recurrentes en varias zonas del país y tarifas eléctricas elevadas como es el caso de Yucatán.
En el sexenio anterior y con el paso de la reforma energética en 2014, la generación eléctrica a base de energía renovable tuvo un crecimiento de 40 por ciento, la participación de gas natural a través de plantas de ciclo combinado también aumentó desplazando fuentes fósiles más caras y dañinas para el medio ambiente. A su vez, diversificando la matriz energética de manera eficaz y sin subsidios. Sin embargo, AMLO quiere detener esta transición energética y tener un mayor control sobre el sector energético a través de las empresas estatales CFE y Pemex, dándoles el poder de decidir cómo se produce la energía que tú y yo consumimos a través de la Sener. En lugar de que los precios, tipo de tecnología y fuentes de energía se determinen por medio del mercado en términos competitivos y transparentes como lo dictamina el marco regulatorio de la reforma energética.
La política energética de este gobierno obstaculiza la transición energética hacia la integración de fuentes de energía más limpias en la matriz energética y afecta desproporcionadamente a la población más vulnerable.